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Sistema Político

Brasil vive en la actualidad una grave crisis política institucional. En mayo de 2016, fue aprobado por el Senado Federal el alejamiento de la primera mujer electa presidenta de la República, Dilma Rousseff. El proceso se basaba en la acusación de que Rousseff había practicado las llamadas "pedaleadas fiscales" - "trucos" contables para financiar acciones sociales del gobierno con recursos provenientes de bancos estatales atrasando el pago para garantizar el cumplimiento de las metas fiscales. Sin embargo, el cuerpo técnico del propio Senado Federal realizó una pericia en la documentación del proceso de impeachment un mes después de su finalización y, en un informe de 224 páginas, aunque identificó a la presidenta como la autora de cuatro decretos de apertura de crédito presupuestario, ha eximido de responsabilidad sobre los pedales fiscales. La Constitución Federal de 1988 determina que, para haber impeachment, el presidente de la República debe haber cometido un crimen de responsabilidad.

La actual legislatura del Congreso Nacional, que aprobó el proceso de expulsión de la presidenta entre los meses de abril y mayo de 2016, tiene cerca de dos tercios de sus miembros respondiendo a algún tipo de proceso o investigación. El presidente de la Cámara de Diputados en la época de la apertura del proceso de impeachment, Eduardo Cunha, del PMDB, mismo partido del vicepresidente, Michel Temer, que asumió la Presidencia de la República tras el alejamiento de Rousseff -, Aceptó el pedido un día después del partido de Rousseff, el PT, decidir votar a favor de la apertura de un proceso de casación contra el propio Cunha en el Consejo de Ética del Legislativo. Cunha fue considerado culpable de los crímenes de corrupción, lavado y evasión ilegal de divisas, y permanece preso.

La sociedad brasileña salió dividida de las elecciones presidenciales de 2014, cuando Rousseff se eligió en la segunda vuelta con el 51,64% de los votos (54,5 millones de votos), contra 48,36% del adversario, el senador Aécio Neves, del PSDB, 51 millones de votos). La disputa electoral no finalizó con el cierre de los comicios: el candidato derrotado, inconforme con el resultado, inicialmente acusó sospechosos de fraude. El clima de acusaciones y conflictos fue llevado a las calles, cuando grupos conservadores fueron patrocinados por los partidos de oposición para realizar protestas contra el gobierno electo. Cargos y otros beneficios en un posible futuro gobierno pasaron a ser ofrecidos a parlamentarios a cambio de apoyo para la apertura de un posible proceso de impeachment en el Congreso Nacional.

El Supremo Tribunal Federal (STF), más alta corte del país, afirmó que no interferir en el proceso, absteniéndose incluso de juzgar posibles ilegalidades durante la votación de la expulsión. Consolidado el alejamiento de la presidenta, el nuevo gobierno fue montado con la expresiva participación de sectores de la oposición derrotada en las elecciones de 2014. La intención de muchos de los parlamentarios que aprobaron el impeachment era justamente barrer las investigaciones en curso en la Policía Federal, principalmente por medio Operación Lava Jato. El propio Michel Temer y varios de sus ministros son acusados ​​de corrupción, pero el actual ocupante de la Presidencia de la República ha logrado barrer las investigaciones utilizando su base de apoyo en el Congreso Nacional (del que depende la autorización para investigaciones sobre el presidente). Romero Jucá, senador del PMDB cerca de Temer, tuvo audios revelados en mayo de 2016 donde, preocupado por las delgadas premiadas de empresarios corruptos que podrían alcanzar a muchos políticos, concordaba que "tiene que cambiar el gobierno para poder detener esta sangría" y que "a la solución más fácil era poner a Michel [Temer] ", en un" [...] gran acuerdo nacional. Con el Supremo, con todo ".

Michel Temer afirmó, en septiembre de 2016, que Dilma sufrió el impeachment por no aceptar el programa económico propuesto por el PMDB, llamado "Un puente hacia el futuro". Este programa se caracteriza por el final de la cuota mínima de gasto con salud pública y de educación pública, reformas liberales de la previsión y laborales, retirando derechos de trabajadores y jubilados, privatizaciones de diversas áreas. Este programa es cercano al que la propuesta por la oposición derrotada en la elección y no pasó por el cribado de las urnas.

Por estos motivos, un conjunto de organización de la sociedad civil, entre las que Intervozes, identifica el proceso político de toma de poder por Temer y la oposición derrotada en las urnas como un golpe, realizado con fuerzas parlamentarias y apoyo mediático. Así, varias organizaciones no reconocen ni mantienen diálogo institucional con el gobierno. El índice de crecimiento de la economía en los distintos países, por su parte, se ubicó por primera vez en un índice inferior a 7 entre 2015 y 2016, indicando que éste es el momento en que el país vive su período menos democrático desde 2006.

La aprobación de la población al gobierno de Michel Temer es de sólo el 3%. Temer ha pautado su gobierno por la agenda neoliberal del "Puente para el futuro". Con el apoyo del congreso, el gobierno avanza en medidas sin apoyo popular, como las reformas laborales y previsionales que posibiliten la flexibilización de las relaciones de empleo y creen barreras a la jubilación de los trabajadores, agradando a las élites política y económica y al sistema financiero.

El impeachment de Dilma Rousseff fue el segundo en la historia del país. El primero fue el de Fernando Collor de Mello, el primer presidente electo por la población tras el régimen de dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Elegido en 1989, Collor acabó renunciando al cargo en 1992 para intentar escapar del proceso de expulsión y, de la pérdida de derechos políticos. No consiguió. Pero acabó volviendo a disputar elecciones tras el período de ocho años de impedimento, siendo actualmente senador de la República. El presidente anterior a Collor, José Sarney, asumió con la muerte de Tancredo Neves, que fuera elegido indirectamente por el Congreso Nacional, pero no llegó a tomar posesión.

El sociólogo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), por su parte, gobernó entre 1995 y 2002, teniendo como principal hecho de su gestión el combate a la inflación y la garantía de la estabilidad monetaria del país. Durante su gestión, marcada por el recetario neoliberal, se realizaron privatizaciones de sectores específicos y estratégicos de la economía, como telecomunicaciones, minería y siderurgia. Fue sustituido en 2003 por el metalúrgico Luiz Inacio Lula da Silva (PT), el primer presidente de origen obrera de la historia de la República. Aprovechando una coyuntura económica internacional favorable, Lula buscó intensificar la distribución de la renta y la inclusión económica de los más pobres. Su gestión también amplió el acceso a la enseñanza superior, intensificó la atención a regiones extremadamente pobres del territorio nacional y recolocó a Brasil en una posición destacada en la geopolítica internacional. Lula consiguió la elección de su sucesora, Dilma Rousseff (PT), en 2010.

Brasil inició su redemocratización después del período de la dictadura militar (1964-1985). La Constitución en vigor, de 1988, define a Brasil como una República Federativa presidencialista.

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